El gran jefe liberal y humanista Alberto Lleras, siendo ministro, metió a la cárcel en 1944 por calumniador al “monstruo”, Laureano Gómez, porque este lo sindicó, sin pruebas, de encubrir el crimen de “Mamatoco”, lo que desató una tormenta política. Nada ha cambiado, porque la casta formada en las entrañas de la godarria seguirá calumniando. Ahora Gustavo Petro se viste de litigante y anuncia que emprenderá acciones judiciales contra Andrés Pastrana por las graves aseveraciones que le lanzó, también sin pruebas.
Pastrana trinó que "Su campaña y su Presidencia, Gustavo Petro, no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total". No se trató de una opinión desprevenida ni de un simple vainazo, sino de una acusación mayúscula, frecuente en él, porque se siente inmune pues antes nadie lo ha forzado a que responda en los estrados judiciales por sus excesos.
Petro no ha concretado si denunciará penalmente a Pastrana en la fiscalía de su opositor, Francisco Barbosa, o si optará por una demanda civil por daños y perjuicios. En la actual fiscalía, convertida en directorio político, no parecería razonable que Petro instaurase querella contra nadie porque allá no encontrará garantías de imparcialidad e independencia. Abogados y consejeros le sobran al presidente y le harán ver que una acción civil tendría más vocación de prosperidad ante la justicia ordinaria que una denuncia penal ante quien, como Barbosa y ahora su vicefiscal, casi que diariamente también viene señalándolo de múltiples maneras de haber cruzado la línea negra del delito.
¿Tendrá derecho el primer mandatario de acudir a los tribunales a defender su honra y la de su gobierno de ataques que lo asocien con el narcotráfico? Por supuesto que sí, de ello no hay duda. No por estar en el solio de Bolívar se pierde el derecho fundamental del acceso a la justicia. Lo que es inédito es que esa movida judicial se puede convertir en una bola de nieve porque ahora todos los ministros –como, por ejemplo, el ministro de Salud, el “Loco Furioso”– se considerarán obligados a responder judicialmente a quienes los difamen.
Claro que Petro tiene derecho a defender su honra manchada por vincularlo al narcotráfico, además, porque la historia de Colombia no puede seguirse tejiendo con las insidiosas difamaciones que mañana, tarde y noche se lanzan contra la reputación de personajes públicos. Por supuesto que quien escoge el escenario de la vida pública está obligado a tolerar con mayor rigor el escrutinio y la crítica colectiva, pero no de manera absoluta, ilimitada e irresponsable. Todo tiene límite. Lo que se vio raro fue que Petro le recordara a Pastrana lo que él ha preferido no explicar nunca o hacerlo a medias, acerca de las noticias sobre sus viajes y relaciones con el mundialmente pedófilo Jeffrey Epstein, las que a pesar de sus declaraciones públicas permanecen en la penumbra. Aunque no se conoce que el expresidente haya sido requerido judicialmente por ese bochornoso asunto, él se ampara en el derecho de no auto incriminarse, circunstancia que tiene que resultarle incómoda hasta a su propia familia.
Se avecinan días ruidosos con esta causa, porque si bien Pastrana amenazó con judicializar a Petro, con la niñería de no tener “pantalones ni argumentos” para defender la paz total, su asustadizo anuncio de contrademandar no sería por los indirectazos del asunto Jeffrey Epstein sino “por sus degeneradas consideraciones en torno a mi visita al presidente Fidel Castro en la Habana”. Se oyen apuestas.
Adenda. Inaceptable el cabildeo que se viene promoviendo al proyecto de acto legislativo que crearía la jurisdicción disciplinaria para restablecer en la Comisión de Disciplina Judicial facultades para decidir tutelas contra fallos judiciales. Se pretende revivir la pavorosa corrupción y a unos sobrevivientes del Cartel de la Toga, que siguen camuflados en algunos despachos o moviéndose habilidosamente en los pasillos de altas Cortes, tribunales y juzgados “gozando” de prerrogativas como extogados.
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